Endurecer hasta en 20 años la inhabilitación a servidores públicos que cometan actos de corrupción, reforzar el uso de la inteligencia entre entidades federativas y estatales e impulsar alianzas sociales para combatir la corrupción, entre otras propuestas, presentó ante comisiones del Senado el Secretario de la Contraloría de Sonora, Miguel Ángel Murillo Aispuro.
Durante su participación en los foros convocados por el Senado de la República para la discusión formal del paquete de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el Contralor presentó 7 medidas puntuales para ser consideradas en la elaboración del marco jurídico de dichas leyes.
El Secretario Miguel Ángel Murillo expuso ante los senadores los esfuerzos que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano está haciendo para responder las expectativas de los sonorenses en la materia de combate a la corrupción.
Puso como ejemplo la creación de la primera fiscalía en el país especializada en investigar hechos de corrupción, la inclusión de órganos internos de control en todas las dependencias de gobierno, además de la presentación de la declaración 3 de 3 del gabinete legal y ampliado ante organizaciones civiles como Transparencia Mexicana.
Igualmente, la firma de acuerdos con municipios para el combate a la corrupción y la implementación del modelo de licitaciones abiertas que implican la participación activa de testigos sociales, así como transmisiones en tiempo real sobre el proceso administrativo.
El foro donde participó el Secretario de la Contraloría General, fue encabezada por el senador Pablo Escudero, y contó con la presencia de otros senadores como Rocío Pineda, Pilar Ortega, Armando Ríos Piter y Luis Armando Fernández.
Propuestas de Sonora
1.- Incrementar estrategias destinadas al uso de inteligencia en la sistematización y flujo de información entre entidades federativas y poder identificar a todos los involucrados en hechos de corrupción.
2.- Más severidad en las inhabilitaciones, así como mayor facilidad para imponerlas, además de pasar de 10 a 20 años la sanción de inhabilitación.
3.- Se incluya además, curso de formación ética, modelos para crear estímulos y recompensas a servidores con trayectoria ejemplar.
4.- Se establezcan procesos claros y expeditos que permitan sancionar tanto a los servidores públicos como a los terceros involucrados en los actos de corrupción, así como establecer acciones reales y eficaces para recuperar los recursos sustraídos.
5.- Se proporcione mayor capacidad de respuesta a las contralorías para dar seguimiento a la situación patrimonial de servidores públicos mediante el intercambio de información y estrategias con los otros órdenes de gobierno.
6.- Se privilegie en todos los análisis de las leyes el interés común sobre los intereses personales políticos o corporativos.
7.- Impulsar alianzas sociales para combatir la corrupción, a través del empoderamiento ciudadano, e impulsar estrategias de contraloría social para la formación de los nuevos ciudadanos
