Hace 25 años la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente abrió sus puertas por primera vez con una centena de empleados provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional del Agua.
Al poco tiempo, pudo ampliar su plantilla con recursos de programas financiados por el Banco Mundial.
En aquel entonces México negociaba un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que incluía aspectos ambientales de interés común. La contaminación y el consecuente deterioro de los ecosistemas se manifestaban como problemas urgentes que la autoridad debía atender. En la Ciudad de México, por ejemplo, los niveles de ozono alcanzaban las concentraciones más altas de su historia, al tiempo que en todo el mundo se buscaban opciones para reducir los contenidos de plomo de las gasolinas cuyos efectos negativos en la salud habían quedado demostrados.
La amenaza de extinción que pendía sobre muchas especies de fauna, como las carismáticas tortugas marinas y los cocodrilos, también ponía en cuestión el modelo de desarrollo y su impacto sobre un entorno natural cada vez más lastimado. Por si fuera poco, se había producido el derrame del pozo Ixtoc y las explosiones de San Juanico y el sector Reforma en Guadalajara, accidentes que conmocionaron la opinión pública por sus graves consecuencias humanas y ambientales.
En este entorno de una creciente exigencia por parte de la ciudadanía y del exterior, se publicó en 1988 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el fin de incidir en la planeación de las actividades productivas y con ello anticipar o prevenir sus impactos ambientales.
Poco después, se creó en 1992 la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que, entre otros propósitos, buscaba asociar las políticas sociales a los principios del desarrollo sustentable asentados en el Informe Brundtland (1987) y que luego fueron ratificados en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. Como parte de esta visión, el 4 de junio de 1992 se publicó el reglamento interior de la SEDESOL con el que se creaban el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como órganos desconcentrados con plena autonomía técnica y operativa.
En el edifico de Boulevard del Pípila en la Ciudad de México inició la trayectoria de esta dependencia con tres subprocuradurías: Participación Social y Quejas, Auditoría Ambiental y Verificación Normativa. Las delegaciones comenzaron a funcionar a lo largo de los 180 días naturales posteriores.
La PROFEPA, como muchas instituciones, ha tenido éxitos y retos difíciles que han devenido en importantes aprendizajes, como es el caso de la protección que se ha logrado en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, la eliminación del punto de tráfico ilegal de vida silvestre en Charco Cercado en San Luis Potosí, la clausura total al proyecto Dragon Mart en Quintana Roo, así como la atención a los problemas de contaminación de la industria minera en Torreón y Cananea, por mencionar algunos.
Quizá uno de los casos más emblemáticos que le ha tocado atender a la PROFEPA haya sido el de la muerte repentina de varios miles de aves migratorias en la Presa de Silva, en Guanajuato, en 1994. El trabajo de la Procuraduría con las autoridades locales y la participación de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, una institución del TLCAN, alcanzaron una solución satisfactoria para el problema de contaminación existente y culminaron con la declaratoria de un área natural protegida en el estado.
En tanto que la deforestación en México se ha reducido, pasando de 350 mil hectáreas anuales perdidas a principios de la década del noventa a 90 mil en la actualidad, igualmente el desempeño de la industria ha dado muestras de ser cada vez más responsable. En 1992, casi una de cada cinco empresas visitadas por la PROFEPA presentaba irregularidades graves que ameritaban una clausura; hoy, esto ocurre en una de cada 20 aproximadamente.
Este progreso se ha producido gracias al impulso de los programas de inspección y auditoría ambiental que permiten que las empresas conozcan mejor sus obligaciones y cuáles son las consecuencias de no cumplirlas. Al mismo tiempo, la PROFEPA ha trabajado con este sector para demostrar que la protección ambiental no solo es portarse bien con la naturaleza, sino que aprovechar de manera eficiente los recursos naturales también resulta muy rentable.
A este respecto, el 1 de abril de 1997, el presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León entregó los primeros 80 certificados de Industria Limpia, con vigencia de un año, a empresas que acreditaron dar cabal cumplimiento a la legislación ambiental. El primer certificado de la industria petrolera lo obtuvo el Centro Embarcador Pajaritos en Veracruz, con lo que empieza a operar los mecanismos voluntarios en la política ambiental del país.
Ese mismo año, la PROFEPA ingresó como autoridad mexicana a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Gracias a las acciones del sector ambiental y a la vigilancia de los movimientos transfronterizos de vida silvestre, muchas especies de fauna se han recuperado de manera importante, como es el caso de las tortugas marinas, los cocodrilos, el oso negro y el berrendo.
En dos décadas y media, la PROFEPA ha transitado por un proceso de maduración que ha implicado cambios orgánicos, estratégicos y funcionales. Su estructura se ha modificado para que hoy cuente con cuatro subprocuradurías: jurídica, inspección industrial, auditoría ambiental y recursos naturales.
Por otro lado, la legislación ambiental ha evolucionado para hacerse más rica y sofisticada de manera que las herramientas que han acompañado a la PROFEPA desde su nacimiento, concretamente el procedimiento administrativo, se han venido complementando con otras nuevas que le confieren mayores alcances a su actuación. Actualmente la PROFEPA hace recomendaciones ambientales a autoridades de los tres órdenes de gobierno, litiga acciones colectivas y exige la reparación de daños ambientales bajo las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Hoy también la industria y los agentes económicos ven a esta Procuraduría de una manera distinta a como lo hacían hace 25 años. Bajo el slogan “la ley al servicio de la naturaleza” que la PROFEPA tiene desde el año 2000, esta institución es cada vez más conocida por los ciudadanos y se ha convertido en un referente de la protección ambiental en toda América Latina.
