Vp. La Paz, B.C.Sur.- «Cinco petroleras nacionales e internacionales son acusadas en otros países por daños ambientales y colusión con fuerzas armadas». A la vuelta de la esquina por ingresar a México las compañías gasolineras que realizaron convenios previos con el gobierno de Enrique Peña Nieto. En México existe actualmente un universo de más de 10 mil 500 Estaciones de Servicio que ostentan la marca Pemex. Comercializan más de 160 millones de litros de combustible diariamente y generan una economía superior a los 700 mil millones de pesos anualmente».
«MÉXICO ES EL PRINCIPAL CLIENTE DE ESTADOS UNIDOS QUE ES UN EXPORTADOR NETO DE ENERGÍA»
El pasado 11 de agosto se publicaron las leyes secundarias emanadas de la Reforma Energética y con ello se establecieron las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, así como la expedición de nueve nuevas leyes y la modificación a 12 ya existentes.
Con la apertura del sector energético en México, por primera vez en más de 75 años, el primer día de 2016 el mercado gasolinero se abrirá a empresas privadas y a la competencia, originalmente propuesta para 2017. Además, en 2018, se dará la desregulación plena de los precios de las gasolinas.
Los empresarios gasolineros prevén fuertes afectaciones por el arribo de más de 10 mil gasolineras de empresas extranjeras en todo el país, lo que podría ocasionar el cierre de igual número de estaciones de servicio mexicanas y registrar una pérdida de miles de empleos.México es atractivo para estas empresas que obtienen beneficios económicos aprovechando la negligencia del Gobierno a tomar medidas que protejan los derechos humanos. La situación de impunidad, el poder del crimen organizado y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos pone a México en un lugar similar a ciertos países donde Shell, BP y Chevron han sido implicadas en casos de violencia, represión y colusión con fuerzas armadas y paramilitares”, agrega el documento difundido. advirtió Hayrikyan, y ante la falta de interés que generó la primera licitación de la Ronda Uno, el Gobierno mexicano decidió en esta segunda fase de contrataciones flexibilizar los requisitos, como dejar de exigir un reporte de ingeniería e informes de construcción de instalaciones, además de disminuir las utilidades para el Estado de un 40 a un 30 por ciento.
