La fiscalía y un juez militar podrán catear domicilios e intervenir comunicaciones privadas de civiles haciendo a un lado a la autoridad ciudadana, ello cuando se indague un delito en donde participen elementos castrenses y civiles.
Lo anterior forma parte de la reforma al Código de Justicia Militar y la expedición del nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, que el pleno de la Cámara de Diputados avaló con 253 votos, dos sufragios más de lo que la ley exige como mínimo.
La aprobación se dio entre acusaciones de “negociaciones en lo oscurito” y el retiro del pleno de la fracción parlamentaria de Morena.
Sólo PRI, PAN, Verde y Panal respaldaron los cambios que de última hora modificaron el dictamen que aprobó la Comisión de la Defensa Nacional, mismo que abrió la puerta para la violación a los derechos humanos, según reclamos de la oposición.
El presidente de la Comisión de la Defensa y exsubsecretario de la Sedena, el general y diputado por el PRI Virgilio Bazán –quien durante la legislatura pasada intentó impulsar cambios a la Ley de Seguridad Nacional para que se diera legitimidad a los actos de las fuerzas castrenses en materia de persecución del crimen organizado– fue el encargado de presentar el dictamen ante el pleno.
Sin embargo, el documento no fue el mismo que todos los partidos avalaron en comisiones, por lo que Morena se retiró del lugar para no legitimar “un atentado contra los derechos humanos y una negociación tras banderas”, misma que se dio durante 20 minutos entre diputados de PRI, PAN y PRD.
Al final, el PRD votó en contra junto con MC, en tanto que Morena se retiró del salón de plenos en protesta por el madruguete.
Los cambios prevén la incorporación de la nueva figura del “fiscal general de Justicia Militar” y del “juez militar de Control”, quienes podrán ejercer estas nuevas funciones en contra de civiles.
Además, en los cateos se podrá incluir el ingreso al recinto parlamentario, ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados, así como también de organismos descentralizados, como INE, CNDH, Banco de México, Inegi o el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Los actos en que intervendrán el fiscal militar o el juez militar de control tendrían que ver con la intervención de comunicaciones privadas y los cateos; además, se podrán ordenar cuando se investigue un delito de crimen organizado y en donde participen militares y civiles como involucrados.
En este aspecto, el MC través del diputado Víctor Sánchez pidió que para evitar la violación a los derechos humanos se excluyera a los civiles y se pidiera la colaboración de un juez civil, sin embargo, la petición fue rechazada.
También, con el simple hecho de que en un posible delito en que participa un militar y un civil sea ahora juzgado por la autoridad militar, se echa abajo la modificación al propio Código Militar que resultó de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Rosendo Radilla, y donde se estableció que cuando en un ilícito participen un militar y un civil, el elemento castrense sea juzgado por la autoridad civil y no la militar. Ahora con los cambios el tema se revierte.
Delincuencia organizada, homicidio doloso, delitos graves y violentos con armas de fuego y explosivos serán los casos en que el fiscal y el juez militar podrán ordenar el cateo e intervención de comunicaciones privadas de elementos castrenses y civiles.
Virgilio Caballero, Ariel Juárez y Alfredo Basurto, de Morena, detallaron en conferencia de prensa que el PRD tenía inicialmente 51 reservas al dictamen, pero después de una negociación de 20 minutos “en lo oscurito” con PRI y PAN, las redujo a ocho.
Aunque se esperaba que el PRD votara a favor luego de esta negociación, éste sufragó en contra, e incluso adelantó que recurrirá a la controversia constitucional, a lo que el presidente de la mesa directiva, el perredista Jesús Zambrano, aclaró que la iniciativa aún tiene que pasar por el Senado de la República y convertirse en ley para que ello pueda darse.
Los cambios también prevén la obligatoriedad de los civiles para declarar ante la fiscalía militar o el juez castrense cuando así se le requiera. Y como en los juzgados civiles, si aquéllos no acuden al llamado, el juez militar ordenará su presentación.
El diputado de Morena, Ariel Juárez, reclamó que el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, negocie tras bambalinas cuando recibe instrucciones de la Presidencia de la República o de Gobernación. “Empieza a cabildear con los demás partidos temas que no fueron tocados en comisiones”, acusó.
La indignación de Morena, añadió, “es que no vamos a ser comparsas de esas negociaciones en lo oscurito y de esos acuerdos que se toman al margen de las instancias en donde debe discutirse y debatirse. ¡Qué vergüenza de legisladores!”, fustigó.
Además de los 253 votos a favor hubo 67 abstenciones, donde participaron MC y PRD, y también se registraron dos abstenciones.
La minuta será enviada al Senado de la República y éste debe votarla. Una vez que ello ocurra, los diputados o senadores podrán recurrirla a través de una controversia constitucional.
