El Senado de la República recibió de la Secretaría de Gobernación el informe anual del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el cual fue presentado al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo el Informe Anual 2014 del RNPED y con la información aportada por las instancias competentes en las entidades federativas, al 31 de diciembre de 2014, el total de personas desaparecidas o no localizadas del fuero común fue de 24 mil 812.
Por su parte, la información remitida por la Procuraduría General de la República (PGR) reporta 418 registros de personas desaparecidas o no localizadas del fuero federal con corte al 31 de diciembre de 2014.
El informe detalla que el número de personas desaparecidas o no localizadas, al 31 de diciembre de 2014, se distribuyó por entidades federativas como sigue: al 21.7% (5,392) se le vio por última vez en Tamaulipas; al 8.8% (2,184), en Jalisco; el 7.8% (1,947), en Nuevo León; el 7.8% (1,945), en el Estado de México; el 6.2% (1,540), en Chihuahua, y el 6.2% (1,536), en Sinaloa.
Con relación al rango de edad, la mayor proporción de personas no localizadas al 31 de diciembre de 2014, se ubicó entre los 15 y 19 años, seguida de los que se ubicaron entre 20 y 24 años; la suma de las personas desaparecidas o no localizadas de ambos rangos de edad representa el 28.3% del total.
En el caso de los hombres, los rangos de edad con mayor número de desapariciones fueron 20-24 y 25-29, a diferencia de los de las mujeres, los cuales son menores a los de los hombres, 15-19, siguiendo el de 10-14 años.
De acuerdo con las estadísticas provistas a partir de los reportes entregados por las entidades federativas, el total de personas localizadas al 31 de diciembre de 2014 ascendió a 36 mil 656 personas, de las cuales 34 mil 829 se localizaron con vida, es decir, el 95%, y sin vida, mil 827.
En tanto que según los registros del fuero federal, al 31 de diciembre de 2014 un total de 418 personas permanecían como desaparecidas o no localizadas.
El informe fue remitido a las Comisiones parlamentarias de Seguridad Pública y de Derechos Humanos del Senado de la República.
