ESTÉNTOR POLÍTICO
Miguel Ángel Casique Olivos
Oaxaca: crímenes y asesinatos, ¿por omisión de autoridad?
Alejandro Murat Hinojosa, gobernador Constitucional del estado de Oaxaca, se ha visto en el ojo del huracán en los recientes días por dos sucesos que se le han estado saliendo de control y más allá de eso, están haciendo que su gobierno se vea rebasado en su atención y solución a esos hechos. Los daños generados por el reciente sismo (más los del 2017) y la lentitud de la Fiscalía tras el asesinato de 15 personas en San Mateo del Mar, junto con la omisión gubernamental en otros conflictos, podrían meter a Oaxaca en situación de crisis que perjudicará seriamente al gobernador actual y su grupo político.
El primero de los sucesos engloba los desastres que ocasionó el sismo de la semana pasada en donde, con datos de la misma autoridad, hubo daños en al menos 243 municipios y con el censo que se ha levantado, resultaron más de 10 mil viviendas afectadas. El hecho, sin embargo, trae a la memoria el sismo del 2017 cuando la entidad sureña fue de las mas golpeadas, incluso, donde más muertes hubo.
Más allá de la “solidaridad” de Alejandro Murat y la de Peña Nieto en sus últimos meses de mandatario nacional, la ayuda para miles de familias afectadas en el 2017 nunca llegó en su totalidad; en aquel entonces hubo 63 mil 336 viviendas dañadas (más de 400 mil oaxaqueños afectados) en 41 municipios y al menos unas 5 mil escuelas resultaron destruidas o dañadas; desde entonces ya se hablaba de que la reconstrucción duraría muchos años y hoy las familias siguen esperando, con tristeza, los apoyos prometidos para reconstruir sus casas. Siguen esperando que las escuelas se reconstruyan y sus hijos vuelvan a tomar clases.
Se sabe, por ejemplo, que desde el 2018 alrededor de 8 mil familias en la región del Istmo de Tehuantepec, es decir al menos unos 40 mil oaxaqueños de la zona, tampoco obtuvieron el apoyo anunciado para la reconstrucción de sus patrimonios y muchos siguen viviendo en refugios o en casas de familiares.
Los meses avanzaron y los apoyos se cancelaron de pronto. Llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gobierno de «la austeridad y ataque contra la corrupción», y el gobierno estatal en alianza con la federación, se hicieron de la «vista gorda» y no se bajaron más apoyos a la población, los afectados, incluso, han señalado que el burocratismo y la corrupción de las autoridades de los tres niveles de gobierno no permitieron que se hubieran invertido más recursos, los que se necesitaban para regresar a la cotidianidad.
Tras el sismo de la semana anterior la cifra de afectados se incrementó; al gobierno de Alejandro Murat se le sigue cuestionando sobre los apoyos económicos para los daños del sismo de 2017, pues se comenta que de los 6 mil 844 millones de pesos que el gobierno federal destinó vía el Fonden; Oaxaca y Chiapas recibieron el 59 por ciento de esos recursos, pero no todo se habría invertido para lo que iba destinado.
El otro conflicto que Alejandro Murat tiene en las manos y no ha resuelto, es sobre los temas de asesinatos y crímenes que se cometen en Oaxaca; el más reciente fue el pasado lunes 23 de junio cuando 15 personas fueron asesinadas, entre ellas dos mujeres; según las primeras versiones esas personas habían estado denunciando actos de hostigamiento y acoso.
El hecho no fue menor, a las personas se les torturó, se les quemó y se les asesinó. En las primeras investigaciones se hablaba de una disputa local entre pobladores, también se supo, en voz del presidente municipal de San Mateo del Mar, Bernardino Ponce, que integrantes del crimen organizado estuvieron involucrados en esa tragedia y que, según, buscaba apoderarse del territorio por su ubicación estratégica para cometer diversos delitos relacionados con el tráfico de indocumentados y combustible robado.
La autoridad y la población de San Mateo del Mar han exigido que el gobierno del estado y la Federación esclarezcan los hechos y hagan justicia para que no quede impune este crimen. Sin embargo, la otra versión es que no se debía a ningún conflicto político entre los pueblos originarios de la zona y se responsabiliza al alcalde Bernardino Ponce, los mismos pobladores han dicho que “se trata de un ataque contra un pueblo indígena de San Mateo y sus pueblos por parte de un grupo armado, ligado con el presidente municipal que fue desconocido por no cumplir con los requisitos de elegibilidad.» Los hechos ahí están y ni el gobierno estatal ni la Fiscalía han dado con los culpables y la justicia no llega.
La matanza en San Mateo debe tener intereses políticos y económicos, y con algo de certeza las hipótesis apuntan a intereses de grupos caciquiles locales que tienen el control y que la misma autoridad estatal ha protegido por décadas; es más, se ha sabido por la prensa estatal que para los gobernantes en turno esos grupos son de utilidad para mantener el control en todas las regiones del estado. Así como en todo México más del 90% de delitos quedan sin castigarse, en Oaxaca es la misma situación y desde esa entidad sólo se suman muertos a los 100 que por día se registran en el país.
A la Fiscalía de Oaxaca y el gobierno de Alejandro Murat se les ve ausentes y con clara omisión gubernamental; además, la historia en la entidad siempre ha demostrado que, en la mayoría de los conflictos, sobre todo agrarios, existe una injerencia interna del gobierno que las paredes del Palacio de gobierno estatal bien podrían contarla. Si el gobierno niega que tras el asesinato de la semana pasada está el crimen organizado y acepta que hay grupos políticos locales que realizan acciones delictivas y que se amparan en las autoridades municipales, la actitud de indiferencia del gobierno estatal, al voltear para otro lado, no ayuda en nada.
Sobre esta misma temática la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha estado realizando operativos de búsqueda para identificar a un hombre que supuestamente habría sido secuestrado en Mixtepec; de acuerdo con la carpeta de investigación 18904/FMIX/JUXTLAHUACA/2020, el 17 de junio, alrededor de las 7 de la noche, la víctima fue privada de su libertad por un grupo de personas armadas, mientras se encontraba en el paraje denominado «Cerro Negro», que linda con los municipios San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Después de este hecho, la vicefiscalía de la Mixteca ha tomado por ciertas las declaraciones del presidente de Mixtepec, Pablo Santiago Bautista y ha querido culpar a los habitantes de Santo Domingo Yosoñama; sin embargo, la autoridad municipal este último poblado ya permitió que la Fiscalía General, en un operativo de búsqueda, inspeccionará instalaciones y espacios públicos. Incluso, los habitantes de Yosoñama acudieron la semana pasada al Palacio de gobierno en la capital oaxaqueña, pedir una audiencia con el gobernador Alejandro Murat y solicitarle, de viva voz, que cesen los ataques contra hombres, mujeres y niños y que él garantice que la Fiscalía esclarezca los hechos del supuesto secuestro de un habitante de San Juan Mixtepec y se deje de atacar mediáticamente a los campesinos y familias de Yosoñama.
Oaxaca vive días de crisis por los desastres que dejó el sismo de la semana pasada y por las 15 personas que fueron torturadas, quemadas y asesinadas en San Mateo del Mar (sin contar la crisis sanitaria por el Covid-19); hoy también se suma el hecho de que los intereses políticos del estado, que solapan grupos caciques locales y que son protegidos, quieren y preparan una nueva agresión contra habitantes de Yosoñama, mismos que ya han protestado y manifestado su inconformidad, pero el gobernador pri-morenista, Alejandro Murat, los ignora olímpicamente. Será que ¿en Oaxaca los crímenes y asesinatos se dan por omisión del gobierno estatal? Usted noble lector, y el gobernador con sus acciones, dirán si la respuesta es afirmativa o negativa. Por el momento, querido lector, es todo.
