Además de los procesos penales por delitos del fuero federal que investiga la Procuraduría General de la República (PGR), al ex secretario de Gobierno en Sonora, Roberto Romero López, también le giró otra orden de aprensión un juzgado estatal por el mismo delito de tráfico de influencias, por lo que está siendo buscado por autoridades estatales y federales e incluso en los Estados Unidos.
A principios del mes de febrero, Darío Figueroa Navarro, delegado en Sonora de la PGR, anunció que la Policía Federal Ministerial estaba buscando a Roberto Romero y su esposa la ex diputada local Mónica Paola Robles Manzanedo, ambos colaboradores cercanos al ex mandatario panista Guillermo Padrés Elías, acusados por tráfico de influencias en perjuicio de laSecretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación(Sagarpa).
En conferencia de prensa, Odracir Espinoza Valdez, titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, anunció que también ésta procuraduría estaba ejerciendo acción penal en contra de Roberto Romero por el mismo delito pero en el fuero estatal y en perjuicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).
Según establecieron las investigaciones, el ex responsable de la política interna en Sonora utilizó el cargo que ostentaba para gestionar recursos para beneficio personal de los ranchos propiedad de él y su familia.
“Derivado de las investigaciones de la fiscalía, les informo que se ha ejercido acción penal en contra del señor Roberto Romero López como probable responsable de la comisión del delito de tráfico de influencias, contemplado en el artículo 191 del Código Penal del Estado de Sonora, que se refiere aquel servidor público que por interpósita persona solicite apoyos económicos gubernamentales para obtener un beneficio propio”, explicó el Fiscal Anticorrupción.
Odracir Espinoza detalló que Roberto Romero gestionó y cobró subsidios públicos para empresas en las que él figuraba como socio mayoritario y presidente del consejo administrativo.
A cinco meses de que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano decretó la creación de la primera Fiscalía Anticorrupción en el país, ésta procuraduría integra 131 averiguaciones previas en contra de funcionarios de la administración de Guillermo Padrés; por lo que se han desahogado 1320 diligencias y se ha citado a comparecer a 170 personas entre víctimas, ex directores de área e incluso ex secretarios de estado.
