• La administración que preside Paola Cota Davis, en coordinación con el Gobierno Estatal, promover programas y acciones que garanticen la seguridad y bienestar de las y los loretanos.
Integrada por los tres niveles de gobierno, hoy se instaló la Comisión Interinstitucional en materia de Trata de Personas en Baja California Sur, anunció la titular del DIF Loreto, Dora Elda Oropeza Villalejo.#vertigos
La funcionaria destacó que con este protocolo se refrenda el compromiso del Gobierno del Estado de BCS que encabeza Víctor Manuel Castro Cosío, de garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos, protegiendo la integridad de las personas, así como prevenir este delito.
Se contó con la presencia de Félix Santana Ángeles, director General de Estrategias para la Atención a Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación y la comisionada Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, María Isabel Cruz del Toro, Homero Davis Castro, Secretario de Gobierno.
En ese sentido, la titular del DIF precisó que es compromiso de la administración que preside Paola Cota Davis, en coordinación con el Gobierno Estatal, promover programas y acciones que velen por la seguridad y bienestar de las y los loretanos.
La directora del DIF Loreto, quien acudió a este encuentro en representación de la presidenta municipal Paola cota Davis, destacó que esta Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se encarga de definir y coordinar la implementación de una Política de Estado en materia de Trata de Personas, y demás objeto previstos en la Ley General para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (Artículo 84).
Su principal atribución el impulsar y coordinar en toda la República la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos objeto de la Ley en la materia; inspeccionar y vigilar los programas, acciones y tareas implementadas en este ámbito y evaluar, rendir cuentas y transparentar sus acciones sin perjuicio de las atribuciones que en dichas materias correspondan a otras instancias.
