-XIV-
En anterior entrega comentamos la triste realidad de que el avasallamiento del gran capital en tierras sudcalifornianas, como anteriormente ha ocurrido en las épocas decimonónicas de la conquista del país y del denominado Tercer Mundo, no es solamente un asunto de despojo material, sino de atropello y menoscabo de la identidad de los pueblos.
Los partidarios de estos procesos de conquista y de despojo, no vienen de fuera solamente portando el dinero, la tecnología, las armas o la violencia, sus espejitos o sus cuentas de vidrio, cualesquiera que sean sus manifestaciones, sino que también encuentran aliados «de adentro», quienes se vuelven cómplices y hasta serviles instrumentos a su lado.
En Baja California Sur, con las peculiaridades del caso, siempre ha habido paisanos de ambos bandos. Pero sin hacer muchos aspavientos, en contra de quienes les importan más los pesos y los dólares está latente un movimiento social a favor de la identidad cultural, del rescate y preservación de las tradiciones, y hasta cierto punto, no tan intenso, un movimiento que busca sostener la sudcalifornidad, entendiendo por esto todo lo que culturalmente nos identifica como sudcalifornianos, amantes de nuestra península, defensores de la naturaleza y la ecología, impulsores del disfrute constitucional de las playas, la zona federal marítimo terrestre que pertenece a la nación, por el derecho al disfrute del paisaje, de nuestros montes y montañas, del mar y del desierto, de las islas, cayos y arrecifes, en fin, de todo lo que Dios -y la madre naturaleza- dispuso para los que aquí nacimos y los que aquí han decidido vivir.
Si alguien puede pensar que todo esto es un movimiento actual, que se puso de moda con las más recientes instituciones de investigación que se ubican en la entidad, y que desde luego gozan de prestigio académico, no están en lo correcto, pues ahí están documentos añejos de Manuel Márquez de León, escritos a fines del siglo diecinueve, de Pablo L. Martínez, a principios de siglo veinte, de Jesús Castro Agúndez, a mediados del siglo veinte, de Braulio Maldonado Sández, por igual época, de Félix Alberto Ortega Aguilar, de Román Pozo Méndez, Anselmo Romero Lucero, Alfredo González, Alejandro D. Martínez, Mercedes Acuña Peralta, y todo el grupo de regionalistas del Eco de California fundado en 1912 por don Ignacio Bañuelos Cabezud, y que pervivió hasta los años ochenta del siglo pasado, y que dan cuenta de sus persistentes opiniones y exigencias, para mantener el ideal de la sudcalifornidad o sudcaliforniedad, como mejor se le conceptualice, y ahí están las constancias para un mejor estudio.
A raíz de que esta media península se transformó en Estado en 1974, los sexenios de Ángel César Mendoza Arámburo, Alberto Alvarado Arámburo y Víctor Manuel Liceaga Ruibal, con sus diferencias se mantuvieron apegados al movimiento regionalista del Frente de Unificación Sudcaliforniano (1945) y Loreto 70 (1970), que se reconocen como inspiradores de este movimiento del nativismo y se asumen como lo más granado del regionalismo sudcaliforniano, no exento de romanticismo, de idealismo, pero que identificó en gran medida los años dorados de la estabilidad política, de la tradición y de la hospitalidad que caracterizó al novel estado, cuando la inseguridad y la delincuencia golpeaba fuerte a otras entidades, y ahora lo hace inmisericordemente, a casi todo el país, sin exceptuar a nuestra tierra, que ya figura como una de las cinco entidades más inseguras del país, situación por demás lamentable.
Fue en el sexenio de Alberto Andrés Alvarado Arámburo cuando se aprobó esta Ley para que en lo sucesivo se utilice el nombre completo de Baja California Sur y se suprima el calificativo de «Baja», y se publicó el 31 de diciembre de 1982, mediante el decreto número 374 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, figurando a la fecha en el portal de leyes vigentes del Congreso del Estado. Así de largo es el nombre oficial de esta ley que consta de solo dos cuartillas, pero que igual, desde su aprobación, es letra muerta, porque las autoridades que debieran aplicarla no lo hacen, y son miles los negocios que hacen alusión a la palabra BAJA, en una clara alusión al nombre de la entidad. Fue sin duda, una de las últimas veces en que la voz del regionalismo sudcaliforniano fue escuchada en el sentido de que las quejas del despojo de la identidad cultural de la California mexicana, se tradujeron en una ley, como una manera de frenar esta asonada que ha pretendido borrar este nombre mítico de la conciencia histórica de Baja California Sur. Lo grave del asunto es que propios servidores públicos de todos los niveles, desde luego no todos, quizás sin ser conscientes del fondo del asunto, a manera de economizar su lenguaje, se refieren a Baja California Sur con el término «BAJA», como si ello los pusiera en la moda anglosajona que prevalece en los Estados Unidos para referirse a Baja California Sur, desconociendo todo el proceso histórico cultural que desde hace varios siglos se originó aquí al denominarse esta tierra «Antigua o Baja California» a diferencia de la Alta California, para referirse al territorio de California (Estados Unidos) que fue «arrebatada» a raíz de la guerra de intervención norteamericana de 1848. Somos, por supuesto, la California original, el nombre mítico que se oficializó para designar a esta tierra y se afirma que fue en Cabo de San Lucas en que los soldados de Hernán Cortés utilizaron por primera vez la denominación Cabo California, para este lugar; mayor razón para preservarlo.
Esta ley fue aprobada, textualmente lo cito para «que en lo sucesivo se utilice el nombre completo de «Baja California Sur» al ejercitarse el derecho de petición ante cualquier autoridad que resida en la comprensión político-geográfica en esta entidad y al mismo tiempo se suprima el calificativo «Baja». Refiere también que es «improcedente y no se dará curso alguno a cualquier escrito y promoción que se dirija a las autoridades residentes en el Estado, cuando únicamente en el texto fundamental del mismo, o de su cuerpo y contenido se utilice el calificativo «BAJA» refiriéndose al Estado de Baja California Sur, y solo merecerá acuerdo cuando el interesado se ajuste al texto de esta Ley». Asimismo, que «los giros comerciales, industriales, turísticos, sociales, los que realicen actividades culturales y en general los de cualquiera otra índole que ya están operando en el Estado de Baja California Sur y los que en lo sucesivo se establezcan, deberán suprimir de su correspondencia publicitaria, periodística, radiofónica y televisiva, el calificativo «BAJA» como identificación del Estado de Baja California Sur». Establece las siguientes sanciones a los infractores: amonestación, apercibimiento o multa hasta de veinticinco mil pesos, cancelación de la autorización que hayan otorgado las autoridades del Estado, para el funcionamiento del comercio, industria o asociación que siga en franca desobediencia a este mandato y persista en la utilización del calificativo «BAJA» para designar a nuestra entidad. Finalmente en el artículo sexto de dicha ley mandata a la Secretaría General de Gobierno vigilar el cumplimiento de esta Ley. y señala que en esa función serán sus auxiliares todas las autoridades del Estado y Municipio, inclusive. Una ley que tiene treinta y cuatro años, sin ser aplicada, mientras el despojo cultural sigue, tristemente, su curso.
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