La decisión de la Secretaría de la Educación Pública (SEP) de suspender de manera indefinida los procesos de evaluación de maestros rebasa el ámbito estrictamente educativo, pues generará desconfianza entre inversionistas sobre el cumplimiento del resto de las llamadas reformas estructurales, advirtieron representantes de la sociedad civil.
La decisión es una violación a la Constitución en muchas dimensiones, dijo Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
«La gran mayoría de las reformas estructurales dependen del funcionamiento de órganos autónomos. Si se sienta este precedente, qué podemos esperar de las mediciones del INEGI sobre la inflación, las mediciones sobre el crecimiento económico, de las decisiones que tome la IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones), ¿Hacienda va a poder retomar la medición de la inflación?»
Las reformas estructurales han sido la bandera de la actual administración y son el motor de potencial de crecimiento para la economía mexicana, pero es necesario respetar el Estado de Derecho, dijo por su parte María Marván Laborde, de Transparencia Mexicana.
La semana pasada, la SEP difundió un comunicado en donde anunció la suspensión indefinida de los procesos de evaluación de maestros para su ingreso o promoción en el servicio profesional docente, los cuales se desprenden de la reforma educativa.
Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, expuso que esta decisión podría minar la imagen de México en el exterior, minar la relación entre la iniciativa privada y el Gobierno, y generar reacciones de organismos externos como agencias calificadoras de riesgo.
«No es muy normal que el presidente de la República o el poder Ejecutivo viole la constitución de una manera tan flagrante (…) este hecho va mucho más allá de la reforma educativa», advirtió.
Las organizaciones piden que se declare nulo el anuncio de la SEP antes del 8 de junio «no por las elecciones sino porque se dañan los procesos previstos para la realización de las evaluaciones», dijo David Calderón, director general de Mexicanos Primero.
Las organizaciones esperan que los 400,000 profesores o aspirantes a profesores afectados interpongan un amparo contra la decisión de la SEP porque no podrán ser promovidos.
«Hay 400,000 maestros afectados de un total de 1 millón 125,000, eso significa que uno de cada tres maestros resulta afectado», dijo David Calderón.
