Ambos institutos, impugnaron el acuerdo de la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el que negó suspender la aplicación de la reformada Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos.
La reforma publicada el 19 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mantiene un tope salarial a los altos funcionarios federales para que ninguno de ellos gane más que el presidente de la República.
Ambos organismos presentaron las controversias constitucionales 80/2021 y 76/2021, respectivamente, contra dicha Ley para que no se la apliquen a sus altos funcionarios y con ello mantengan su salario, muy superior al del presidente.
Por otro lado argumentaron, por separado y entre otras cosas, que la citada Ley vulnera su autonomía presupuestaria, aunque la SCJN aceptó a trámite las controversias, negó la suspensión solicitada. Los citados órganos autónomos impugnaron dicha negativa, según se advierte de una notificación publicada este jueves.
“Se admite a trámite el recurso de reclamación que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan existir y que se analizarán al momento de dictar resolución”, señalaron.
Por otro lado la reducción salarial a altos funcionarios públicos fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero como promesa de campaña y luego como una acción de gobierno.
Hasta la fecha, esa máxima no se ha cumplido a cabalidad ya que, desde diciembre de 2018, año con año, organismos autónomos como el INE, Inegi, Banco de México, e incluso jueces y magistrados han promovido recursos ante la SCJN
Con ello, han logrado mantener los salarios de los altos funcionarios que en algunos casos son del doble de lo que percibe el presidente López Obrador, este último gana 1.7 millones de pesos al año.