La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, calificó como lamentable que el matrimonio conformado por Roberto Romero López y Mónica Robles Manzanedo, ambos colaboradores cercanos al ex mandatario panista Guillermo Padrés, estén huyendo de la justicia mexicana y sean considerados prófugos de la Ley.
“Lo lamento mucho de verdad yo creo que quien hace una acción, o quien sea presunto responsable de la comisión de algún delito, debe acudir ante la justicia para defenderse, pero bueno eso está en la consciencia de cada quien”, opinó la Gobernadora de Sonora.
Al ex secretario de Gobierno, Roberto Romero y su esposa la ex diputada local panista, Mónica Robles, los buscan las policías Federal Ministerial y Estatal Investigadora, para llevarlos ante agentes del ministerio público en ambos fueros y que respondan por el delito de tráfico de influencias, pues supuestamente utilizaron sus cargos públicos para beneficiarse de programas gubernamentales de apoyo al campo.
Odracir Espinoza Valdez, titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Hechos de Corrupción solicitó a las corporaciones de seguridad y migración en los Estados Unidos su colaboración para ubicar a los prófugos de la justicia y evitar que salgan de México.
“Derivado de las investigaciones de la fiscalía, les informo que se ha ejercido acción penal en contra del señor Roberto Romero López como probable responsable de la comisión del delito de tráfico de influencias, contemplado en el artículo 191 del Código Penal del Estado de Sonora, que se refiere aquel servidor público que por interpósita persona solicite apoyos económicos gubernamentales para obtener un beneficio propio”, explicó el Fiscal Anticorrupción.
Además de las corporaciones policiacas estatales, el matrimonio también es buscado por la Delegación en Sonora de la Procuraduría General de la República para que respondan a dos órdenes de aprehensión giradas en su contra luego de que fueron llamados a declarar hasta en tres ocasiones, ignorando los citatorios y evadiéndose de la acción de la justicia.
En julio del 2015, funcionarios federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, con el apoyo de la Gendarmería Nacional, inspeccionaron el rancho “Temporal de Pascual Díaz” propiedad de Roberto Romero y su familia, quienes construyeron un enorme bordo de tierra para proteger sus cultivos de varias hectáreas de nogal, alterando el cauce federal del río San Miguel, ocasionando la inundación de más de 50 hogares del Ejido La Victoria, donde decenas de familias tuvieron que ser evacuadas de emergencia y perdieron todo su patrimonio.
