Amnistía Internacional (AI) denunció una ‘‘falta generalizada’’ de voluntad de las autoridades mexicanas para investigar hechos violentos y de violación de derechos humanos cometidos contra migrantes, principalmente centroamericanos, en su paso hacia Estados Unidos.
Además, advirtió un alarmante incremento en estos hechos, reconocidos también por el gobierno mexicano, cuyas autoridades migratorias han informado que de 2013 a 2014 las denuncias tan sólo sobre secuestros de migrantes se multiplicaron por 10, al pasar de 62 denuncias presentadas en 2013 a 682 en 2014, cifra que podría aumentar en el presente año.
‘‘Muchas personas migrantes han muerto o desaparecido en los años recientes cuando trataban de llegar a Estados Unidos; la única duda es cuántas vidas más tendrán que perderse antes de que las autoridades despierten y decidan actuar’’, declaró Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
Así, aunque el organismo recordó tan sólo dos de los últimos acontecimientos públicos registrados en el país, donde los migrantes son víctimas de extorsión y/o ataques, señaló que México se ha convertido en una nación extremadamente peligrosa para las personas en tránsito.
Señaló que aparte de las ‘‘crueles bandas delictivas’’ que aguardan la oportunidad para atacar a los migrantes y extorsionarlos, también están las autoridades federales y estatales, que ‘‘están más ansiosas por expulsar gente que por salvar vidas’’.
En un comunicado, Amnistía Internacional insistió en que las autoridades mexicanas deben investigar urgentemente el atroz aumento de los ataques violentos contra migrantes indocumentados por parte de bandas delictivas, y deben proporcionar un refugio seguro a los sobrevivientes.
Incluso, señala que ante la posibilidad de que decenas de hombres, mujeres, niños y niñas estén perdidos en el desierto, sin comida ni agua, o en manos de bandas delictivas, no se debe perder tiempo.
‘‘Las autoridades mexicanas deben empezar urgentemente a buscar a las personas migrantes en paradero desconocido, y deben garantizar la seguridad de las que han sido rescatadas. También deben iniciar una investigación urgente sobre la oleada de ataques a migrantes y asegurarse de que los responsables se enfrenten a la justicia. Cualquier otra cosa sólo servirá para poner a más migrantes en peligro’’, manifestó Erika Guevara-Rosas.
De manera particular, pidió que los sobrevivientes de los últimos dos ataques a migrantes registrados en el país, el del pasado fin de semana en Las Choapas, Veracruz, y el ocurrido en Altar, Sonora, en la frontera con Estados Unidos, los primeros días de junio, reciban atención adecuada como víctimas de delitos graves, incluida atención sicológica y médica inmediata, y la posibilidad de obtener un visado humanitario para permanecer en México mientras tramitan una denuncia penal.
