De acuerdo a los criterios establecidos dentro de su lucha a favor de la prevención de la explotación infantil y la trata de personas, la presidenta de las Comisiones Edilicias de Asuntos Indígenas, Equidad y Bienestar Social, regidora Isabel Castro Aguirre, celebró de manera reciente una reunión con el Mtro. Bernardo Soriano Castro, subprocurador de Delitos de Alto Impacto de la PGJE.
La VII regidora del Ayuntamiento de Los Cabos compartió con el funcionario la preocupación y voluntad por blindar al destino turístico de dicho cáncer que pone en entredicho el equilibrio de la sociedad y sus buenas prácticas.
Durante el encuentro, la edil y el subprocurador intercambiaron puntos de vista de acuerdo a la ruta de acciones conjuntas para evitar que estos lastimosos delitos proliferen ante la próxima afluencia de turismo en la zona.
La agenda de la regidora comprendió igualmente encuentros institucionales con el subprocurador Regional, Lic. Antonio López Rodríguez; la encargada de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra las Mujeres, la Mtra. Gloria Ginera de la Cruz; el coordinador de Ministerios Públicos de la Subprocuraduría, Edgar Fabián Saldaña Lara; así como la Lic. Arisbeth Jiménez López, agente del Ministerio Público de la Unidad de investigación del Delito de Trata de Personas.
Es importante agregar que Organismos internacionales de Derechos Humanos consideran a México como fuente y destino para la trata de personas. Lamentablemente, dicho delito es el tercer negocio ilícito más redituable del mundo, reportando ganancias de hasta 30 mil millones de dólares a nivel mundial, refirió la regidora Isabel Castro Aguirre.
Asimismo, señaló que en cuanto al tema de la explotación infantil, en México 3.2 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad se encuentran en situación de trabajo infantil.
Detalló que los motivos más frecuentes para que los niños, niñas y adolescentes trabajen son: pagar sus gastos, incluyendo los estudios; ayudar a su familia, o por gusto.
La VII regidora señaló que el artículo 123 constitucional prohíbe el trabajo de personas menores de 15 años, así como el trabajo de las y los adolescentes de entre 15 y 17 años en actividades peligrosas, por lo que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades de los tres niveles de Gobierno, -en el ámbito de sus respectivas competencias-, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados.
Finalmente, la titular de la Comisión Edilicia de Equidad y Bienestar Social, fue enfática al agradecer el respaldo de la alcaldesa Armida Castro Guzmán, de quien dijo: “es una mujer comprometida con el interés ciudadano, que busca el bien común de las y los cabeños”.
