PAQUETE ECONÓMICO, LAS TRES INICIATIVAS DE LEY, PRESENTADAS ESTA SEMANA ANTE EL CONGRESO POR EL GOBERNADOR CARLOS MENDOZA, PROMUEVEN CAMBIOS JURÍDICOS TRASCENDENTES QUE PROPICIEN UN AMBIENTE MÁS FAVORABLE Y BENÉFICO PARA LA GENERACIÓN DE INVERSIONES Y EMPLEOS: DR. RODRIGO SERRANO CASTRO, SUBSECRETARIO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
-Se propone agilizar y disminuir los trámites burocráticos, optimizando y disminuyendo el costo al ciudadano en general de todos los servicios que presta el gobierno del estado; apoyar más directamente a los productores y empresarios locales y nacionales; y permitir la intervención del sector privado en la construcción de obra pública.
-No se trata de privatizar la economía, como se ha dicho, sino de que en el caso de los servicios que el gobierno por sí mismo no pudiera generar, por lo que implican esas inversiones, éste se pueda asociar con los inversionistas privados para que se detonen esos servicios.
-La Ley de Mejora Regulatoria y la de Asociaciones Público-Privadas, son totalmente nuevas en el estado, pues sólo existen disposiciones, leyes y lineamientos nacionales en esta materia.
Por: Manuel Cadena.
Cuando se habla de un paquete económico, al referirnos a las tres Iniciativas de Ley presentadas esta semana por el gobernador Carlos Mendoza, mismas a las que se había comprometido en su discurso de toma de posesión, ello es así porque las tres leyes estarían relacionadas unas con otras, en el sentido de promover cambios jurídicos trascendentes que vislumbren un esquema general más benéfico o más propicio para la generación de inversiones y empleo, indicó el Dr. Rodrigo Serrano Castro, Subsecretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
Luego de admitir que si bien es cierto que una ley por sí misma no es suficiente para los propósitos mencionados, dijo que, “sin embargo, aquí de lo que se trata es de que, una vez que el Congreso determine la aprobación de éstas, se encuentren perspectivas de apoyos directos a los empresarios, a los productores, a la micro, pequeña y mediana industrias, a los productores locales pero también a los nacionales, para que la actividad económica que desarrollan tenga un blindaje, un respaldo gubernamental más directo”.
“Y esto tiene que ver con trámites que van desde los más sencillos y simples, o muy complejos que se simplifican, hasta un estímulo fiscal o hasta una infraestructura gubernamental encaminada a promover el desarrollo; es decir, que se vincule al sector empresarial y productivo con el gobierno para alcanzar las metas del desarrollo económico”, añadió.
El funcionario sostuvo que los gobiernos necesitan ya del concurso del sector privado en diversos ramos para contribuir precisamente a la creación de empleos.
Señaló que la primera de estas leyes, que es la de Fomento Económico, de ser aprobada vendría a sustituir a la existente en esta materia, que data del año 2006. “Es decir, un instrumento jurídico del 2006 que no se encuentra actualizado y que, lógicamente, se encuentra fuera de contexto”, acotó.
Y por lo que respecta a la Ley de Mejora Regulatoria y a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, expuso que se trata de dos leyes totalmente nuevas en Baja California Sur: “No tenemos leyes en esta materia. Sí se cuenta con disposiciones, o con leyes y lineamientos nacionales, pero no en el estado”, reafirmó.
En cuanto a la Ley de Mejora Regulatoria destacó que ésta tiene que ver con disposiciones para que el gobierno realice un minucioso análisis de todos sus procesos administrativos para que éstos sean más ágiles, más eficientes, y estén bajo una norma de calidad; desde el otorgamiento de un permiso para construir o desde el otorgamiento de un trámite para expedir un acta de nacimiento… Todos los servicios que presta el gobierno, bajo la Mejora Regulatoria, tienen que optimizarse y tener un costo menor para el ciudadano en general”, agregó.
En lo que hace a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, Serrano Castro dio a conocer que aquí de lo que se trata es de que, en los casos de los servicios que el gobierno por sí mismo no pudiera generar –por lo que implican estas inversiones–, éste pueda asociarse con los inversionistas privados para que se detonen esos servicios.
“Por poner un ejemplo: un tramo carretero del Centenario a la salida al sur, pues a la mejor una asociación privada, o una empresa privada, está interesada en hacer ese camino con el apoyo del gobierno, para cubrir una necesidad que se tiene. Entonces, esta Ley permite estas asociaciones para que se inyecte recurso privado a la infraestructura urbana y otras necesidades que se puedan tener, donde los sectores privados, desde luego con la supervisión y los contratos correspondientes, intervengan en obras como presas, como represas, alguna carretera, algún hospital, incluso. No es, como se ha dicho, privatizar la economía sino de llevar a cabo obra que, sin esta la ley, únicamente la puede hacer el estado, y el estado a veces no puede hacer todas las obras al mismo tiempo o en el tiempo que quisiéramos. De esta forma, esta asociación con empresas privadas va a permitir que varias obras, necesarias para la población, se lleven a cabo”, manifestó.
En resumen, planteó que éstos son básicamente los propósitos de estas tres Iniciativas de Ley que, considerando la importancia que revisten, confió no dudar en que serán aprobadas por el Congreso del Estado, no descartando que el propio órgano camaral las pueda mejorar y perfeccionar en su proceso de revisión.
“Digamos que son parte de la estrategia del gobierno, y que éstas se habrán de combinar con otras estrategias, con otros programas previstos en la aplicación de las políticas públicas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, y nosotros creemos que todo esto tendrá que reflejarse necesariamente en una mejor economía para el estado, en un mejor ambiente económico, más favorable, ya que se trata de un marco jurídico que necesita Baja California Sur para avanzar en estos campos del desarrollo. Y de acuerdo a los diagnósticos, en lo que tuvo mucha participación la Secretaría de Desarrollo, Medio Ambiente y Recursos Naturales –el Secretario Rodrigo Guerrero–, hay esa idea y ese propósito de que tendrá que ser para que mejore en general la economía de los sudcalifornianos”, externó.
Finalmente, volviendo al tema de los trámites burocráticos, afirmó que muchas veces el hábito de la administración, la tramitología o el proceso que sigue un trámite administrativo, conlleva a que, si bien es cierto que todo esto se rige por manuales, también lo es que finalmente estos manuales son diferenciados entre una dependencia y otra. Por ello esta Ley busca uniformar todos los procesos administrativos del gobierno, y va a haber forma de medir los pasos, digamos, que debe seguir un trámite desde el momento en que ingresa a determinada dependencia y en qué momento debe tener su conclusión o su resultado ese trámite.
“En términos generales esto es lo que se estable en la Ley de Mejora Regulatoria, lo cual va a ayudar mucho a unificar criterios administrativos en las diversas dependencias del gobierno, para así poder trabajar coordinados y de la mano”, concluyó el Subsecretario de la Consejería Jurídica del Estado.
