El Instituto Nacional Electoral (INE) nombró este martes interventores para vigilar los recursos de los partidos del Trabajo (PT) y Humanista, que están en riesgo de perder el registro por no alcanzar al menos 3% de la votación válida en las pasadas elecciones federales.
A través de la Comisión de Fiscalización del INE, se eligió a un interventor por partido: Gerardo Sierra Arrazola para el PT y Dionisio Ramos Zepeda para el Humanista, informó el propio INE en un comunicado.
El mensaje explica que esta medida de prevención busca preparar a un partido político para su probable liquidación, una vez resueltas las impugnaciones que se presenten ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
«Simplemente inicia, a partir de hoy, un periodo de prevención por el que el interventor designado tendrá las facultades que dispone la propia ley para vigilar el patrimonio del partido», dijo Benito Nacif, presidente de la comisión.
Agregó que cada gasto que se haga deberá ser aprobado por el interventor y éstos se podrán destinar a operaciones esenciales.
Los responsables de las finanzas de los partidos que se encuentren en el supuesto de pérdida de registro deberán cambiar las firmas mancomunadas con las instituciones bancarias. Asimismo, las prerrogativas del partido serán depositadas en una cuenta bancaria que el interventor deberá abrir.
En respuesta a la decisión del INE, el PT indicó este martes en un comunicado que espera la resolución del TEPJF.
«El PT presentará las impugnaciones que correspondan en contra de las decisiones que han acordado un periodo de prevención, previo a la liquidación, porque consideramos que se trata de disposiciones secundarias violatorias de los principios de definitividad y de certeza», reclamó.
Agregó que los interventores «se rigen por las reglas del derecho privado y los partidos por normas y principios de derecho público», por lo que «las normas de derecho privado no pueden colocarse por encima de los principios del derecho público».
El PT llamó a las autoridades electorales a que «respeten el derecho de miles de petistas en el país».
