Para especialistas en temas jurídicos y de seguridad, el hecho que dentro de los partidos políticos haya personas ligadas al crimen organizado, como el caso de la diputada sinaloense impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN), Lucero Guadalupe Sánchez, podría causar inestabilidad en el sistema político mexicano.
Ante esto, y luego de casos como el de José Luis Abarca o el de la misma Sánchez López, quien es vinculada con Joaquín El Chapo Guzmán, los expertos consideran necesario que los partidos políticos cuenten con protocolos y normas que impidan la infiltración de la delincuencia en sus agrupaciones, pues no existen implicaciones legales para éstas.
El hecho de que un delincuente se infiltre en un partido político no implica una repercusión de tipo penal, a menos de que haya complicidades, encubrimientos o los que lo solaparon para un delito. Postular a un delincuente a un cargo político hoy en México no es delito”, aseveró el jurista José Elías Romero Apis.
Para el especialista en temas de seguridad nacional Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, este tipo de infiltraciones son responsabilidad absoluta de los partidos políticos y no de la PGR o el Cisen, como algunos líderes partidistas sostienen.
Ni el Cisen ni la Policía Federal ni la PGR tienen la responsabilidad de cuidar que no se infiltre la delincuencia organizada en las filas de los partidos políticos nacionales y locales.
Se trata completamente de una responsabilidad de los partidos políticos”, sostuvo.
El experto y profesor de la Universidad de la Américas Puebla reconoció que desde el sexenio pasado las autoridades de seguridad sí han alertado sobre estos casos, pero siempre de manera informal pues la ley no obliga a las instancias federales a proporcionar este tipo de información.
Además, consideró que los partidos deben fortalecer sus sistemas de selección de candidatos y promover medidas estrictas para evitar que sean postulados a cargos de elección popular personas con antecedentes penales o vinculadas al narcotráfico, como en los últimos años se han detectado casos tanto en el PRD como en el PAN.
En contraste, para Romero Apis es complicado que un partido político tuviera posibilidades, o siquiera facultades, de investigar el presente o pasado de personas que militan en su instituto político antes de proponerlos como candidatos.
Suena muy bonita la idea de que los partidos se responsabilicen, pero no me queda muy claro cómo esto pudiera funcionar en la práctica, más allá de los discursos, pues podrían involucrarse en algo que corresponde al Ministerio Público por disposición del artículo 21 constitucional, pues en un Estado de derecho nadie puede ponerse a investigar”, explicó.
