A seis años del incendio ocurrido en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, los padres de los 49 menores que murieron esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resuelva a su favor en los próximos meses, luego de que dicen las autoridades locales no han mostrado avances precisos en el caso.
Hasta el momento no ha habido ningún detenido vinculado con el incendio de la guardería, las autoridades siguen sin esclarecer los hechos y no han ejecutado un marco legal para que este tipo de tragedias paren, pues ha habido casos parecidos en distintas partes país, explicaron en conferencia organizaciones civiles que apoyan a los padres.
“La Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) puede conocer de casos de violaciones de derechos humanos cuando las víctimas no hayan encontrado acceso a la verdad y a la justicia a nivel interno.
“No tenemos acceso a la verdad de los hechos ocurridos el día 5 de junio ni tampoco un reconocimiento oficial del problema estructural de la subrogación de guarderías y tampoco ha habido acceso a la justicia. A 6 años no ha habido ninguna persona sancionada por estos hechos. Por esas razones un grupo de familias decide acudir a la Comisión Interamericana”, detalló Stephanie Brewe, integrante del Centro de Derechos Humanos Pro DH.
El planteamiento de los padres fue llevado a la CIDH el año pasado donde, aparte de pedir por la clarificación de los hechos, también exigían la no repetición de este tipo de tragedias en otras guarderías. La petición de los padres fue aceptada el 30 de marzo por la Comisión por lo que será analizada en los próximos meses, agregó Brewer.
En la conferencia también fue presentado un video donde aparecen imágenes de los niños que estaban en la guardería el día del incidente y el testimonio de algunos padres que describen cómo vivieron el 5 de junio del 2009.
En 2011 autoridades federales aprobaron la ley denominada “5 de julio” para establecer parámetros legales sobre las condiciones de operación de las guarderías. A cuatro años de su promulgación, las organizaciones civiles condenaron que la norma no se implementa de igual manera en todos los estados de la República.
