Gisela Peraza Villa, ex empleada de la familia Padrés Elías, inculpada por un robo millonario ocurrido en la Casa de Gobierno en Sonora, denunció penalmente al ex mandatario panista Guillermo Padrés y varios de sus ex colaboradores más cercanos, por los delitos de tortura, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
En la demanda por daño físico y moral interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia de Sonora (PGJE) la ex niñera y ama de llaves exige cárcel para el ex Gobernador y las personas que inventaron las pruebas en su contra, incluyendo al Juez que llevó su juicio y la consignó por cuatro años al Centro de Readaptación Social (CERESO Hermosillo Uno), sin tener evidencias sólidas, una confesión o testigos; además solicitó una reparación del daño por 20 millones de pesos.
Fue el 13 de marzo del 2011, cuando Gisela Peraza fue retenida ilegalmente durante varios días en la residencia oficial que entonces habitaba Guillermo Padres junto a su familia, quienes la acusaban de haberse robado siete millones de pesos y joyas preciosas que el ex mandatario guardaba en su alcoba; según estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el ama de llaves fue torturada en la propia Casa de Gobierno y privada de su libertad ilegalmente, además que luego fue denunciada por el robo de 400 mil pesos en efectivo y joyas valuadas en 150 mil pesos, cantidades muy por debajo de lo que referían sus verdugos al momento de torturarla.
Además del ex gobernador de Sonora, la demanda penal incluye al Juez, Jesús Manuel Ibarra Carreón; al ex secretario particular de Padrés y hoy Diputado Federal (plurinominal) por el PAN, Agustín Rodríguez Torres; el ex director del Sistema Estatal Penitenciario, Ricardo Ornelas Saavedra; el ex jefe de escoltas y actual Comandante de la Policia Municipal en Nogales, Ernesto Fernandez Portillo; además de 16 funcionarios más que se encargaron de hacerle la vida difícil durante los meses que estuvo en prisión injustamente.
Entrevistada luego de poner la demanda, Gisela Peraza advirtió que luego interpondrá otra denuncia contra la ex Primera Dama, Iveth Dagnino de Padrés, con quien trabajó por más de ocho años al cuidado de sus hijos y se ensañó en su contra ordenando que la torturaran para intentar recuperar lo que supuestamente se había robado.
El pasado 8 de junio, pocas horas después que Claudia Pavlovich asumió el Gobierno de Sonora, el Juzgado Octavo de Distrito concedió la libertad a Gisela Peraza Villa; esta cumplió una condena de más de cuatro años sin que se le comprobara su culpabilidad.
La inculpada sin pruebas estuvo recluida en el Cereso I, de Hermosillo. Posteriormente fue trasladada a Huatabampo, luego a San Luis Río Colorado y de nuevo reingresada al Cereso femenil de esta capital de donde debió salir libre el 2 de junio.
Desde esta fecha, Eloísa Villa Luna y Delma Peraza, madre y hermana de la víctima, acudieron sin descanso a las puertas del Palacio de Gobierno a exigir la liberación de Gisela.
A pocas horas de su liberación, Gisela Peraza Villa fue sometida a una revisión en su celda y de acuerdo a la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el martes 2 de junio, a las 9:00 horas, las autoridades del Cereso I, la pusieron a disposición de esta fiscalía.
En el escrito, reporta la autoridad, se hizo una revisión a la celda y se encontraron en el interior cinco envoltorios de crystal, con un peso aproximado de 0.32 gramos.
Para el miércoles 3 de junio, a las 13:30 horas, la Procuraduría consignó el caso ante el juez Octavo de Distrito, por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de venta.
