Garantiza el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar
El mundo tiende a fortalecer el derecho ambiental por ser el principio de desarrollo sostenible un derecho superior humano sobre el cual gravitan las políticas, normas y gestión ambiental de todos los países. En ese contexto, México ha recorrido un largo trecho.
A partir del Informe Brundtland (1987) las naciones discuten acerca de un desarrollo que garantice las necesidades del presente sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras, en lo cual el derecho ambiental juega un papel determinante.
Para lograrlo, las conferencias de la ONU sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) y de Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) han vertido en declaraciones textos jurídicos pero sin carácter vinculante.
De ahí que los expertos en derecho consideren necesario dar a esos principios valor jurídico y dotarlos de autoridad con el fin de que las personas puedan invocarlos.
Los ordenamientos jurídicos del derecho constitucional mexicano incluyeron inicialmente la protección ambiental, ya que en 1917, al incorporar el Constituyente al Art. 27 el tema de la conservación de los recursos naturales, consagró el principio de función social de la propiedad. 60 años después (1987), al reformarse el Art. 73, se cristalizó la reforma ecológica.
Ante los desafíos del cambio climático, el crecimiento poblacional y el uso de los recursos naturales, algunos expertos proponen una continua y minuciosa revisión de los contenidos legislativos ambientales en materias como acceso a los recursos genéticos, el uso de la biotecnología y la bioseguridad, el adecuado manejo de los residuos peligrosos y el riesgo ambiental, entre otros.
